Comentario
Editorial/Opinión
VenEconomía
:
¿En
tierra sin ley quien querrá invertir?
En
materia de vivienda la consigna del gobierno es de “arrase
y mesa limpia”, contra todo lo que tenga olor a sector privado.
Ya no le basta colectivizar a los medios de producción,
confiscar empresas o expropiar tierras en todo el territorio nacional,
como se hizo en el año 2005, ahora se empeña en
sacar del juego a los sectores de la construcción, venta
y arrendamiento de viviendas. En este año 2006 arrancó
con una acción intensa contra la propiedad privada en los
centros urbanos, especialmente contra edificios y viviendas de
sectores de la clase media caraqueña. Las invasiones custodiadas
y aupadas desde el gobierno metropolitano, así como “expropiaciones”
arbitrarias de apartamentos, fueron noticia diaria en el mes de
enero.
Este avance hacia el socialismo del siglo XXI, tuvo su expresión
dramática cuando el Cabildo Metropolitano y la Alcaldía
Mayor el 23 de febrero de 2006, anunciaron la expropiación
de 153 edificios, supuestamente adicionales a los 52 edificios
que se encuentran en proceso de expropiación desde enero
de 2006; y declararon en “situación de utilidad pública
y de interés social” a todos los apartamentos arrendados
por el mismo inquilino durante diez años o más en
el área metropolitana.
La “excusa” para tal arbitrariedad consiste en que
se trata de “edificios viejos” sobre los cuales sus
propietarios han recuperado su inversión original más
de cinco veces. Ahora por decisión oficial estos inmuebles
serán “vendidos” a sus inquilinos, quienes
recibirán títulos de propiedad provisional, tal
como lo recibieron los “ocupantes” de las tierras
rurales en su momento. Además, como concesión tendrán
el incentivo del pago de un porcentaje del costo de la vivienda,
proporcional al tiempo que la hayan habitado.
Esta línea de acción sólo sirve para distraer
de manera efectista de la falta de iniciativa y efectividad en
materia de construcción de viviendas del gobierno y no
ataca la raíz del problema habitacional del venezolano.
En tiempos de la Cuarta República, el control del costo
del arrendamiento desincentivó la inversión en viviendas
para alquiler, afectando a las familias jóvenes. Ahora
en la Quinta, se adoptó una política de “invadir”
–o “expropiar”– propiedades agrícolas,
industriales y urbanas, en abierta violación de las garantías
constitucionales, y para colmo se habla de regular los precios
de venta de los inmuebles.
Este tipo de arbitrariedades sólo sirven para desincentivar
la iniciativa privada, la cual parece no tener cabida en este
gobierno según las palabras del Vicepresidente del Cabildo
Metropolitano, quien enfatizó que “en el marco del
socialismo del siglo XXI, la vivienda no es un negocio”;
o sea, el único que sería apto para construirlas
es el Estado.
El agravante de esto es que el Estado no tiene los recursos, ni
la capacidad gerencial, para enfrentar el reto de cubrir el déficit
habitacional, estimado en 1,68 millones de viviendas.
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Nota del Editor:
Este comentario fue originalmente publicado por VenEconomía
el 01 de Marzo del 2006. Petroleumworld no se hace responsable
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