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ACERTADAMENTE se vincula el valor de las exportaciones petroleras con el
monto de las divisas que obtendrá el país. Si los precios petroleros suben
se las asocia, además, con la percepción de mayores recursos fiscales que
permitirán atender mejor las necesidades de los ciudadanos sin endeudar al
país; lo que no resulta siempre así. Y, si se registra una situación como la
actual, en la que los precios alcanzan cotas muy altas y se mantienen en
esos niveles, muchos dan por seguro que el país entrará en un tiempo de
bienestar; pero como ahora ocurre no todas las veces eso sucede.
Y será así mientras se mantenga la desproporción registrada entre los
enormes recursos generados por la bonanza petrolera y los pocos aplicados a
fomentar el bienestar de los ciudadanos: Mejorar los servicios públicos,
construir obras de infraestructura y aumentar la inversión social
institucional; se siga gastando grandes sumas en otros países sin ningún
beneficio para los venezolanos; se sostenga un control de cambio
injustificado; y, se usen las reservas internacionales contrariando los
principios de la Economía, se las movilice por motivos políticos e informa
su posible colocación en monedas que no son de reserva.

Más aún, si a eso se agrega entre otras razones la persistencia en mantener
a la sociedad venezolana en el estado de desasosiego provocado por los
anuncios de medidas y acciones de carácter político-económico contrarias al
ordenamiento y a la existencia de las instituciones democráticas que
mayoritariamente la ciudadanía manifiesta que desea prevalezcan. Lo que
impide que un tiempo favorable en el campo del comercio de los
hidrocarburos, como el que hoy vive el país, derive como debería ser en un
tiempo de bienestar ciudadano.

Por ello, la importancia para los venezolanos de la riqueza del Estado de un
ingreso petrolero de gran significación puede ser mucha o ninguna. Está
determinada por la naturaleza del régimen, por la relevancia que éste le dé
o no a la promoción del bienestar de todos y no de parte de los ciudadanos,
y en la medida que su prioridad sea atender las necesidades de toda la
comunidad sin condicionante alguno por sobre cualquiera interés ajeno. Si
los avances en la búsqueda de ese bienestar no se hacen patentes cada día el
ciudadano no es la prioridad del régimen, lo considera superfluo.

Luis Enrique Oberto G. fue ministro y parlamentario durante el periodo de democracia antes del actual gobierno. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por El Universal, el 12 de octubre del 2005. Petroleumworld no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por esta publicacion, por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

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