Comentario
Editorial/Opinión
El
Nacional:
El rojo y el negro
Editorial
Sin
dar muestras de que los aires europeos le habían infundido
un mayor
respeto por la democracia, el Presidente de la República
no dio descanso a
su verbo y salió a atacar despiadadamente al cardenal Rosario
Castillo Lara,
un prelado que no sólo goza del afecto general de los venezolanos
sino que
es una figura respetada en el Vaticano, donde ejerció cargos
de altísima
responsabilidad.
Castillo
Lara se incluye, además, entre quienes desde América
Latina tratan
con frecuencia y conocen de cerca al actual papa Benedicto XVI.
¿Cuál es la
razón de esta feroz arremetida contra el pacífico
representante de la
jerarquía católica en Venezuela?
Según lo confesó el mismo jefe del Estado (en su
programa dominical, desde
luego), el cardenal Castillo Lara había tenido la osadía
de invocar
públicamente el artículo 350 de la Constitución
nacional, como si hablar de
la Carta Magna fuera algo de la exclusiva competencia presidencial
y no un
derecho de todos los venezolanos. ¿Acaso ese artículo
350 se le agregó en
secreto al texto admitido por los constituyentes?
Que se sepa, desde su aprobación, nadie ha mutilado o modificado
(aparte de
los agregados y tachaduras que le hicieron en Miraflores) nuestro
documento
fundamental republicano.
¿Entonces
por qué la rabieta contra el cardenal Castillo?
Si revisamos la Constitución nacional y leemos el bendito
artículo 350
encontramos rápidamente la razón del berrinche.
El
artículo en cuestión dice: “El pueblo de Venezuela,
fiel a su tradición
republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad,
desconocerá cualquier régimen, legislación
o autoridad que contraríe los
valores, principios y garantías democráticos, o
menoscabe los derechos
humanos”. He aquí la raíz del problema y de
la furia, del ataque y de la
amenaza contra el prelado.
Si
el cardenal Castillo Lara hubiera nombrado otro artículo,
quizás el
efecto de sus palabras no sería tan letal pero, casualmente,
nombró la soga
en la casa del ahorcado: en febrero de 1992, cuando el teniente
coronel Hugo
Chávez organizó un golpe de Estado contra el gobierno
democrático elegido
por la vía popular, no contaba con un texto tan explícito
para justificar su
rebelión. Pero hoy la Constitución sí le
advierte al jefe del Poder
Ejecutivo que los ciudadanos pueden recurrir a la desobediencia
civil (no a
los tanques ni a los aviones militares), si sucede que en el ejercicio
de un
mandato presidencial se contrarían los principios y garantías
democráticas,
y se pone en cuestión la vigencia plena de los derechos
humanos.
Se
trata, ni más ni menos, de la obligación que tiene
el Gobierno de
mantener y fomentar el clima democrático, de aceptar las
críticas públicas y
de abrir el debate sobre su gestión en derechos humanos.
A este régimen los
ciudadanos no le están pidiendo nada que no esté
vigente en cualquier país
de Europa, de América del Sur, o de la Comunidad Andina.
Se
trata de mantener vivas y activas las reglas de la democracia,
de la
tolerancia y la convivencia. ¿Por qué insultar entonces
a Castillo Lara? El
primer mandatario dijo: “Por allí salió el
cardenal éste, de la oposición
púrpura, que se pone el traje católico, el traje
de cura para tratar de
manipular a la gente. Eso lo que da es tristeza”.
En
verdad, ya nos estamos aproximando a 2006, año de elecciones
para la
Presidencia de la República, y desde hace tres meses atrás
el jefe del
Estado nos anuncia el tipo de trato injurioso que va a recibir
la oposición,
sea ésta de la sociedad civil o de los partidos. ¿Es
éste el clima que debe
imperar en un país que quiere un ambiente de respeto, de
sana competencia
política y de un debate abierto para conocer las propuestas
y los programas
de los candidatos?
Si lo que viene es una temporada de insultos, con el uso —
además— ilegal y
abusivo los medios de comunicación del Estado para descalificar
a los
opositores, no nos debe extrañar que la próxima
campaña electoral no
despierte ningún entusiasmo y que aumente la abstención.
La mayoría de los
venezolanos no tiene ganas de participar en un simulacro de elecciones
previamente ganadas por el Presidente, en un paseo triunfal financiado
con
los recursos del petróleo gastado a manos llenas. Sería
poco menos que una
farsa, en la cual se enterraría en definitiva la democracia.
Por
el contrario, el Presidente de la República está
en la obligación de
abrir los espacios democráticos, necesarios para acudir
a disputarle en
buena lid su liderazgo, del que tanto hace gala pero que no se
atreve a
poner en discusión pública e igualdad de condiciones
con sus adversarios.
El
Nacional es
unos de los diarios mas importantes de Venezuela. Los puntos de
vista expresados no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota
del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por El
Nacional el 24 de octubre del 2005. Petroleumworld no se hace
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Venezuela 24 10 05
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