El
gobierno está haciendo añicos todo el sistema
judicial venezolano. La semana pasada, por enésima
vez, fue destituida una jueza, María Mercedes Prado,
porque dictó una sentencia que el gobierno no había
autorizado. Así es la cosa ahora: los jueces sólo
pueden fallar, sobre todo en casos de connotación
política, según la seña que les dé
el oficialismo.
Ayer,
esta jueza intentó explicar su caso, ante los medios,
en la Sala de Prensa del TSJ. No pudo. La luz fue cortada
y entre la Guardia Nacional, los alguaciles y los vigilantes
privados fue expulsada del salón, y a empellones
fueron sacados los periodistas, camarógrafos y
fotógrafos. La Sala de Prensa fue clausurada indefinidamente.
¿Qué
iba a decir la jueza? Que de acuerdo con el COPP no tenía
más remedio que dictar la libertad condicional
de uno de los detenidos por el caso de las bombas en los
consulados de España y Colombia debido a que durante
dos años el fiscal encargado de acusar, Gilberto
Landaeta, no lo había hecho. Habría señalado,
pues, la negligencia del fiscal y, por extensión,
la de la Fiscalía en su conjunto. Violentamente
se le negó el derecho a expresar su criterio, mediante
un procedimiento sólo explicable por la espesa
y hedionda atmósfera de autoritarismo y atropello
a los derechos ciudadanos que hoy envuelve al país.
La magistrada del TSJ que ordenó esa barrabasada
actuó así porque se cree guapa pero, sobre
todo, porque se sabe apoyada. Porque sabe que ese es el
estilo oficial.
Una
típica matonería. Nadie en el TSJ fue capaz
de llamarle la atención porque los matones, a veces,
logran crear un clima de intimidación en su entorno.
Mientras
esta jueza era destituida, a otra se le encargaba de la
causa Anderson. Apenas tres horas después dictó
los autos de detención. Todo un prodigio de lectura
veloz, porque el expediente tiene centenares de folios.
Un malpensado podría especular, sin embargo, que
conociendo la nueva jueza la suerte corrida por la doctora
Prado (y otros antes que ella, por las mismas sinrazones),
"prudentemente" haya optado por curarse en salud,
haciendo lo que se le pedía, sin detenerse demasiado
en averiguaciones. De hecho, al preguntársele por
las evidencias que sustancian el caso, además de
las dos señaladas por Isaías, "reveló"
dos más: una, que hubo un muerto; otra, que se
llamaba, Danilo Anderson. Si así son las otras
ocho (Isaías habló de doce), luce cuesta
arriba que la Fiscalía pueda convencer de que realmente
tiene un caso.
El
sistema judicial y la Fiscalía no sólo deben
ser honestos sino que deben parecerlo. Hasta ahora son
muchas las inconsistencias observadas y muchas también
las interrogantes que suscita lo actuado. Tal como van
las cosas, la respetabilidad y credibilidad de la Fiscalía,
que el propio Isaías ha cuestionado en sus inefables
memorandos internos, están en entredicho. La sospecha
de que pudiéramos estar ante un montaje con finalidades
políticas se está instalando en la opinión
pública. Y la entrevista de Isaías en el
canal 8 no hace nada por disipar esa sospecha; al contrario,
la acentúa.
