Comentario
Editorial/Opinión
VenEconomía:
Migración” a la bolivariana
A
principios de 2005 el gobierno de Hugo Chávez tomó
la decisión de obligar a las empresas contratistas de servicios
petroleros a “migrar” a empresas mixtas. Con esta
decisión se violaron arbitraria y unilateralmente los contratos
vigentes. Sin embargo, a pesar de la violación contractual
y de los perjuicios que la decisión del gobierno les causaba,
las contratistas aceptaron a regañadientes la propuesta.
Al fin y al cabo las condiciones que les ofrecía el gobierno,
en principio, no eran del todo malas.
Tal como se entendió en aquel entonces, las acciones de
la empresa “migrada” serían 51% de PDVSA y
49% privadas, donde el accionista minoritario tendría derecho
de reflejar en balance su parte porcentual (49%) de los yacimientos
y además podría disponer libremente de su porcentaje
(también 49%) de la producción.
Hoy las condiciones parecen estar cambiando y las negociaciones
se encuentran en una fase crítica. La palabra oficial se
muestra voluble y el mingo lo mueve a conveniencia el dueño
del proceso bolivariano.
A pesar del hermetismo del gobierno y de las contratistas, se
conoció extraoficialmente que de manera unilateral (nuevamente)
el gobierno ha venido aumentando continuamente sus exigencias,
incluyendo su participación porcentual en las empresas
“migradas”. Del 51% inicialmente propuesto ahora aspira
a tener 60%, 70% y hasta 90% de las acciones. Y parece que tampoco
se les permitirá a los accionistas minoritarios reflejar
en sus balances las reservas, ni podrán disponer a discreción
de la parte porcentual de la producción que les corresponde.
Por otro lado, uno de los condicionantes y logros obtenidos con
la creación de PDVSA en 1975 fue la garantía que
se les dio a los trabajadores de que se regirían por las
reglas y condiciones laborales del sector privado, y no por las
restrictivas del sector público. Parece que esta garantía
también será eliminada y con ello desaparecerán
sustanciales beneficios contractuales. Así unos 20.000
trabajadores de las empresas tendrán un cambio de status
y serán reclasificados como empleados públicos con
todas las normas, procedimientos y burocracia que eso trae consigo.
Con tantas exigencias, algunos observadores piensan que la intención
real del gobierno no es la “migración” en sí,
sino la de forzar a algunas de las contratistas, en especial a
las norteamericanas y británicas, a que se auto excluyan
del juego. Son tantos y tan variados los obstáculos inaceptables
que ha puesto el gobierno para la “migración”,
que muchas empresas podrían abandonar los campos y dejarlos
100% en manos de PDVSA.
Un alto costo en eficiencia y productividad perdidas, que terminará
pagando la nación innecesariamente.
VenEconomía
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Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por
VenEconomía el 11 de noviembre del 2005. Petroleumworld
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