La nueva “Ley de Impuesto sobre Precios Extraordinarios del Mercado Internacional de Hidrocarburos”, entrará con “urgencia” a la (roja, rojita) Asamblea Nacional, para su segunda discusión, este jueves 17 de abril.

Este impuesto (mejor conocido como Impuesto a las Ganancias Súbitas-IGS), pecharía 50% de los ingresos brutos “en exceso” obtenidos cuando el crudo Brent sobrepase los $70 por barril, y 60% cuando el “exceso” sea mayor a $100/barril.
En opinión de VenEconomía este impuesto es un adefesio.

Para comenzar, el impuesto violaría (nuevamente) acuerdos internacionales y pasaría por encima de la Ley de Protección a las Inversiones Extranjeras, que obliga al Estado a no modificar los tributos a las empresas en los 10 primeros años de haberse concretado una inversión. Con esto el Gobierno no hace más que abonar para que aumente el “riesgo país”, que ya se ubica en 638,00 puntos básicos, uno de los más altos del Continente.

Segundo, este impuesto sería discriminatorio, dado que afectaría únicamente a las empresas extranjeras asociadas a PDVSA, es decir, a las antes contratistas de servicios y a las mejoradoras de crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco, hoy devenidas en empresas mixtas, con mayoría accionaria de PDVSA.

Es discriminatorio porque el Estado venezolano, no sería afectado por este nuevo impuesto debido a que su ingreso total (compuesto por la suma de impuestos, regalías, dividendos, y ganancias retenidas) sigue siendo el mismo. Lo único que cambiaría en este caso sería la distribución de los factores.

En cambio, para las accionistas extranjeras el Impuesto a las Ganancias Súbitas significaría una merma en sus ganancias. En números redondos el nuevo tributo afectaría la proporción de la producción correspondiente a las inversionistas extranjeras, que es de unos 250 mil barriles diarios (o sea, el 10% de la producción nacional).

Además, el Impuesto de las Ganancias Súbitas sería confiscatorio, por tanto sería inconstitucional. Para ilustrar: Suponiendo que se tiene un “exceso” de $10/barril. Si a este ingreso se le restan los $3,33/barril de regalías; los $3,34/barril del ISRL (= 50% de utilidad); y los $5/barril (= 50% del “exceso”), resultaría que los accionistas registrarían una pérdida de $1,67/barril.

Aún quedaría la esperanza (vana) de que la Asamblea Nacional mejore la redacción de la Ley del Impuesto, para dejar claro que el tributo se aplicaría sólo a la utilidad y no a los ingresos brutos. En este caso, la carga impositiva sería menos arbitraria y a las accionistas se les pecharían $1,67/barril, lo que les dejaría una utilidad de $1,66/ barril.

Con la aprobación de esta Ley, el Gobierno está demostrando, otra vez, cuán desesperado está de ingresos fiscales, ya que no está dejando ninguna olla sin raspar.

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Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por VenEconomía, el 8 de abril del 2008. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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