Esta semana el Gobierno de Hugo Chávez dio un contundente hachazo al Estado de Derecho de los venezolanos y blindó su régimen totalitario al promulgar el Decreto-Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia.

No se trata sólo de que esta Ley cambie los nombres o elimine las Direcciones de Inteligencia Militar (DIM) y la de Inteligencia y Prevención (DISIP).

Tampoco es tan “simple” como que cree un Sistema Nacional de Inteligencia (SIN) que será manejado de manera discrecional e ilimitada por Hugo Chávez. O que este SIN actuará cual Gestapo, en la época de Adolfo Hitler, sobre todo ciudadano que procese o tenga acceso a información que pueda ser catalogada arbitrariamente de “confidencial”, “secreta” o de “interés estratégico” para el Estado.

Ni siquiera es “tan sólo” de que ésta sea una nueva ley inconstitucional, de las tantas que ha mal hilvanado con sus poderes habilitantes Hugo Chávez, a espaldas de la colectividad, entre gallos y media noche.

De lo que realmente se trata es que este Decreto-Ley publicado en la Gaceta Oficial de este miércoles 28 de mayo, es un arma letal que sofocará el Estado de Derecho y los más elementales derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos. Todos ellos, en adelante pasan bajo el control absoluto del “Hermano Mayor”, a la usanza de la novela 1984 de George Orwell, que en esta oportunidad se llama Hugo Chávez.

Con este Decreto-Ley, el Ejecutivo (léase Hugo Chávez) asume la “potestad única” para la búsqueda, procesamiento y divulgación de las informaciones sobre temas clasificados como estratégicos, de interés económico y geopolítico para el país, y que pueda atentar “contra la estabilidad de las instituciones democráticas y el orden constitucional”.

Esto, en época de Chávez, puede ser cualquier cosa: Desde la incautación de un maletín lleno de dólares a un funcionario amigo del régimen; pasando por la información de la computadora del narcoterrorista Raúl Reyes; hasta llegar a los balances cada vez más oscuros de PDVSA, los indicadores del INE o las cifras retardadas del BCV.

Entre los aspectos más peligrosos para el ejercicio democrático y la libertad de los venezolanos se tiene que:

1) Niega el derecho a la información a todos los venezolanos, al prohibir y criminalizar la revelación de informaciones tildadas arbitrariamente de “confidenciales” o “secretas”, por algún funcionario de turno.

2) Las facultades de los nuevos órganos de inteligencia (ergo, Chávez) son amplias, genéricas e indefinidas, lo que le da más poder discrecional a los funcionarios de este nuevo cuerpo.

3) Cualquier ciudadano puede ser detenido sin justa causa, sin una orden judicial o sin la asistencia del Ministerio Público.

4) Según esta Ley las pruebas se mantendrán en secreto. O sea al detenido se le viola el debido proceso, así como las garantías mínimas para conocer las pruebas que se esgriman en su contra.

5) El detenido tampoco tendrá un trato justo, equitativo y oportuno, para su legítima defensa. Según esta Ley, la defensa se dará a posteriori, si es que llega algún día.

En definitiva, una nueva arma para eliminar la disidencia.

 

 

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