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Comentario Editorial/Opinión

VenEconomía:
Hacia el abismo intelectual y tecnológico

Cuando Hugo Chávez retiró a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en abril de 2006, muchos analistas advirtieron del gran retroceso que esto significaría para la economía del país.

Lo que nadie anticipó es que el Gobierno de Chávez anularía el marco legislativo derivado del Acuerdo de Cartagena, el tratado principal de la CAN, contemplado en la Decisión 486, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, y otros de igual relevancia, sin tener antes una ley moderna vigente con la cual sustituirla.

El 12 de septiembre, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), anunció que Venezuela abandonaría las normas de la CAN que rigen el registro de marcas, signos distintivos, patentes y diseños industriales y que se restituirá la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual de 1956.

Con esta decisión, el Gobierno de Chávez nuevamente viola la Constitución de 1999, según la cual una norma derivada de los tratados internacionales que pasa a ser “Ley de la República”, sólo puede ser sustituida por la AN al emitir otra ley.

SAPI no quiere entender que el hecho de haber salido de la CAN no anula el marco legislativo andino, hasta tanto la Asamblea Nacional promulgue una nueva ley sobre la materia. Y tampoco parece que tomó en cuenta que las normas de la CAN que está abandonando están incorporadas en acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que por tanto son de obligatorio cumplimiento para sus países miembros, entre los que se cuenta Venezuela.
Lo peor es que al desempolvar la obsoleta y periclitada ley que regía en la época del dictador Marcos Pérez Jiménez, el SAPI pone al país al margen de los avances que se habían alcanzado bajo el abrigo del Pacto Andino en materia de propiedad intelectual y avances tecnológicos. En adelante, toda persona, entidad o empresa del país sufrirá un retroceso de pronóstico en materia de propiedad intelectual o registro de patentes, en especial a la industria farmacéutica y de tecnología digital.

Esta decisión del SAPI colide con la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) que busca “promocionar y fomentar la investigación científica y la transferencia e innovación tecnológica”. Y además, choca con los objetivos de Intevep, de “desarrollar tecnologías propias” y de impulsar “la cooperación e integración con el sector técnico-científico e industrial de Venezuela”.

Hasta ahora es poco comprensible cuál es el trasfondo de esta decisión del SAPI. Sin embargo, algunos analistas la conectan con ciertas declaraciones de diferentes voceros del Gobierno sobre el software libre, así como a la nueva Ley de Defensa de Acceso a las Personas a los Bienes y Servicios, que pretende que las empresas den a conocer al público las fórmulas de todos los productos de venta en el país, como por ejemplo, la supersecreta de Coca Cola.

De nuevo, decisiones políticas ponen al país al filo del atraso. De seguir por este camino, la mejor investigación que se hará en el país será cómo adecuarse al trueque y la mayor tecnología será la fabricación de una nueva moneda comunal.

VenEconomía es una empresa dedicada desde 1982 al estudio y análisis del acontecer nacional, es hoy día la principal casa editora de publicaciones especializadas en el ámbito de los negocios en Venezuela. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de Petroleumworld

Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por VenEconomía, el 23 09 08. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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Petroleumworld 25 09 08