VenEconomía: Otra ley sorpresa
Se observa que para los diputados chavistas que colman la Asamblea Nacional es bien difícil, por no decir imposible, actuar de frente a la sociedad y de forma transparente. Ahora le tocó el turno a la Ley Orgánica del Trabajo, que se está cocinando en la Asamblea Nacional tras bastidores, atropelladamente y sin consulta previa con los venezolanos, al calco como se actuó con la ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Este miércoles 23 de septiembre, la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento anunció que están poniendo todo su ahínco en la reforma de la Ley del trabajo, engavetada desde marzo de 2003, a fin de que para el 30 de octubre la Secretaría del Legislativo la introduzca en segunda discusión.
De acuerdo a las declaraciones a los medios de comunicación dadas por los diputados Oscar Figuera, presidente de la Comisión, y Oswaldo Vera, encargado de elaborar el nuevo texto de la Ley, ésta tendrá una “reforma integral”, con base a “criterios constitucionales novedosos”.
Dado los antecedentes de las leyes promulgadas en estos once últimos once años, los trabajadores, sus representantes sindicales, el sector empresarial, así como los partidos políticos y la sociedad civil deberían ponerle la lupa muy cerca de los conceptos “reforma integral” y “criterios constitucionales novedosos”.
De lo poco del texto en “discusión” que ha salido a la luz pública se tiene que la reforma podría incluir:
1) La reducción de la jornada laboral de 36 y 35 horas semanales para los horarios diurno y nocturno, respectivamente.
2) La reducción de tres meses a uno del período de prueba para los ingresos en el sector público y privado.
3) Elevar las vacaciones de 15 a 45 días con disfrute y pago.
4) El tema de la cogestión por parte de los trabajadores.
5) Sanciones penales para los infractores.
6) Definición de las atribuciones del Ministerio del Trabajo para sancionar a las compañías que incumplan sus disposiciones, sobre todo en materia de reenganche de personal.
7) Uno de los puntos más importantes, el cumplimiento de la promesa electoral de Hugo Chávez de reimponer la retroactividad de las prestaciones sociales, calculadas de acuerdo con el tiempo de servicio y sobre el último salario.
A los analistas les surge una pregunta ¿la reforma de Ley será de fiel cumplimiento tanto para el sector público como para el privado?
Esto es de dudar, por una parte, cabe recordar que existen incontables trabajadores del sector público que esperan porque se les haga justicia, entre estos figuran: los más de 20.000 ex petroleros despedidos injustamente en 2003; los tres magistrados que esperan desde agosto 2008, que se cumpla una medida de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de restituirlos a sus cargos; o más reciente, los 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, actualmente presos en La Planta por reclamar sus derechos, y los 21 ex trabajadores de las empresas contratistas de la Costa Oriental del Lago que se han sellado la boca para ver si así el Gobierno escucha sus reclamos laborales.
Por otra parte, también es bueno traer a colación que el Gobierno desde que se reformó la Ley en 1997 arrastra con los trabajadores del sector público un pasivo laboral de Bs.25 billones. Además, en tiempos de sequía en la petrochequera, es dudoso que el Gobierno asuma y cumpla con los nuevos costos que traería la nueva Ley.
Todo hace presagiar que la Ley será buena para terminar de acoquinar a la empresa privada, ya que muchos de los pequeños y medianos empresarios difícilmente podrán asumir mayores costos operativos ni el cerco legal que seguirá en ascenso. Se avizoran menos puestos de empleo, o sea mayor desempleo.