VenEconomía:
Para atrás, como el cangrejo
El Gobierno se ha empeñado en llevar al país en marcha acelerada hacia atrás. Esto es especialmente preocupante cuando la Asamblea Nacional promulga (casi de incógnito) una Ley del Sistema de Justicia que retrotrae la administración de justicia y la torna a un estado de opacidad y subyugación pocas veces visto en tiempos de democracia.
Es cierto que uno de los mayores puntos débiles del período democrático del siglo XX en Venezuela fue el Sistema de Justicia, con la secuela de arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos que esto conlleva. El Sistema de Justicia se caracterizaba por la injerencia de los otros poderes públicos y de la política. Pero, aún entonces se mantenían las apariencias al no designar a funcionarios públicos como jueces, seleccionándolos entre profesores, ex jueces y expertos en temas judiciales.
Pero, también es cierto que en los últimos años de la década de los 90 se realizó un serio y profundo esfuerzo en reformar el Sistema de Justicia con el apoyo y monitoreo del Banco Mundial. Así comenzó toda una reestructuración del Consejo de la Judicatura, en donde participaron expertos como la ex magistrada Gisela Parra (hoy en obligado exilio) y el abogado Alberto Arteaga.
En esos pocos años se alcanzaron importantes avances para hacer más transparente el tinglado en el que se había convertido la justicia venezolana.
Entre otros, se modernizó el acceso a la información, mediante una dinámica página web; se estableció todo un programa de capacitaron para los jueces; y se promulgó el Código Orgánico Procesal Penal, que entre otros cambios radicales, instituyó procesos penales abiertos, invirtió la carga de la prueba y estableció la presunción de inocencia.
Sin embargo, este paso adelante se echó para atrás luego de la promulgación de la Constitución de 1999. Desde entonces el retroceso ha sido persistentemente sostenido.
Ahora, la nueva Ley del Sistema de Justicia, publicada en Gaceta Oficial el 1° de octubre, viene a agravar la situación, a pesar de que en su postulado de principios se enumeren garantías como: la gratuidad, la accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, equidad y otros bla, bla.
El caso es que en la vida real, esta declaración de principios quedará en letra muerta con la creación de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, como el órgano de carácter permanente, para generar y coordinar las políticas de Estado con respecto al Sistema de Justicia. Esta Comisión nació con un peso en las alas al prescindir de manera olímpica del principio de la separación de los Poderes Públicos, vital en un sistema de justicia y de derecho.
El artículo 9 de la Ley estipula que la nueva Comisión de Justicia estará integrada por: dos diputados de la Asamblea Nacional; el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia; el Ministro con competencia en materia de Justicia, Seguridad Ciudadana y Penitenciaria; y una representación del Poder Ciudadano, que incluye no sólo al Defensor del Pueblo, al Defensor Público General y al Procurador General, sino también al Fiscal General, lo que constituye un claro conflicto de intereses al convertir a este último funcionario en juez y parte de cualquier proceso penal que se lleve a cabo en el país.
Además, la Ley le da participación en la Contraloría Social, en los Consejos Consultivos y en la postulación y selección de los funcionarios que integrarán el Sistema de Justicia, al Poder Popular, integrado por los consejos comunales y cualquier otro grupo organizado.
En adelante, la menguada autonomía de los jueces se verá aún más resquebrajada, y en consecuencia los ciudadanos sufrirán aún más de la injusticia y verán cada vez más vulnerados sus derechos.