VenEconomía: ¡Es su derecho!
La prensa venezolana celebró que este jueves 29 de octubre, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones haya librado orden de excarcelación a favor de 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que estaban recluidos en la cárcel de la Planta desde el 26 de agosto.
Estos 11 venezolanos, perdieron 64 días de su libertad por ejercer su derecho a manifestar de forma pacífica para reclamar, su también legítimo, derecho a trabajar, el cual se estaba poniendo en riesgo con la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen de Municipal de Dos Niveles. En adelante estos 11 ciudadanos serán juzgados en libertad, con régimen de presentación, acusados por delitos inexistentes.
Para consuelo de muchos, incluyendo a los acusados, abogados defensores, familiares, amigos y millones de venezolanos, al menos ahora se está respetando la norma constitucional que dicta que: todo ciudadano debe ser juzgado en libertad a menos que se presuma peligro de fuga y alta peligrosidad comprobada.
La realidad es que en esta decisión de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones no hay nada que celebrar. La Sala del TSJ sólo cumplió con su deber de restituir, parcialmente, el derecho a la libertad que nunca debió habérseles violado a estos venezolanos que no habían cometido delito alguno.
Lamentablemente en Venezuela, como en todo país con un Gobierno totalitario y hegemónico, la mayoría de los ciudadanos se están acostumbrando a que es una “gracia” del gobernante de turno el conceder el disfrute de los derechos universales y constitucionales que tiene toda persona, como lo son: la propiedad privada, a la información y la libre expresión, al Debido Proceso, a la Justicia imparcial, al trabajo digno, a la Libertad e incluso, el sagrado derecho a la vida. En este entorno dictatorial, el ciudadano ha quedado en total estado de indefensión, sin poder reclamar que se le restituyan los derechos que nunca debieron ser violados o arrebatados.
Esta actitud de sometimiento se repite en la actualidad con pasmosa frecuencia en todo momento de la vida diaria del venezolano.
Se registra cuando a un ciudadano lo asaltan, roban o secuestran. En esos dramáticos momentos termina siempre dando las gracias a los delincuentes porque les “respetó” la vida. Mientras que las exigencias a las autoridades de seguridad se limitan a un ruego para que cumplan con su deber y apliquen la ley a sabiendas de que sólo en contadas ocasiones lo harian.
Cuando a un propietario se le arrebata arbitrariamente sus bienes legítimamente adquiridos, la impotencia ante la ausencia de organismos de justicia a donde recurrir los lleva a aceptar negociaciones en condiciones precarias, de desigualdad y con el peso del poder totalitario sobre sus cabezas donde siempre lleva las de perder. Allí están el caso de la Marqueseña con el Método Cha-az, o el más reciente, la expropiación del Sambil de la Candelaria, sólo por citar uno de los miles que a diario se registran en el territorio nacional.
O cuando cientos, o quizá ya miles, de venezolanos, acusados de delitos de toda índole no cometidos, ante la certeza de que no se les hará justicia, optan por el auto exilio, como lo han hecho periodistas, políticos, empresarios, estudiantes, médicos y profesionales de toda índole en estos últimos diez años.
¿Volverán los venezolanos a recobrar la conciencia de que la aplicación imparcial de la Ley y la Justicia son derechos, y que su pleno ejercicio no se implora sino se exige?