VenEconomía: Prohibiciones y coacciones a granel
El destino alcanzó al Gobierno de Hugo Chávez en lo que respecta al servicio eléctrico. Ninguna de las autoridades del sector, ni salientes ni entrantes, pueden aducir que no sabían que la crisis actual del Sistema Eléctrico Nacional era una crisis anunciada, debido a la falta de mantenimiento, a la desinversión y, sobre todo, por haber privilegiado lo político sobre lo técnico y lo gerencial.
Desde 1999, en repetidas oportunidades diferentes fuentes especializadas le advirtieron al Gobierno con informes en mano que de no tomar medidas y ejecutar un plan integral y coherente de inversiones, para 2009 y 2010 colapsaría el servicio eléctrico en Venezuela. Pero, esas advertencias cayeron en los sordos oídos revolucionarios, y la historia hoy los alcanzó.
Ya el Gobierno no puede tapar la situación del sector eléctrico, a punta de mentiras y de manipulación de cifras, tal como lo hace con el deterioro de PDVSA y la merma de producción de petróleo; con el desempleo; o con la crisis del sistema de salud. Los apagones y las fallas recurrentes en todo el territorio nacional no es algo que se puede desmentir o esconder, toda la población la sufre por igual.
Sin embargo, el problema de los venezolanos ahora, si va a tener un básico suministro de electricidad o si el país retrocederá a la época de las luciérnagas o las velas.
El problema más grave de los venezolanos es que el Gobierno revolucionario, viéndose enfrentado a la contundencia de hechos consumados por su incompetencia, impericia, negligencia y corrupción, en vez de hacer propuestas serias que enderecen su entuerto, anuncia medidas erráticas, improvisadas, confusas y desesperadas que no resolverán la situación. Y peor aún, es que los anuncios del Gobierno contienen un alto grado de agresividad, coerción, acoso, prohibiciones, castigos y privaciones para la población.
Por ejemplo, entre las medidas que anuncian, está la advertencia de que no se descartará el recurrir a “la toma” de toda instalación privada de generación termoeléctrica que supere los 2 megavatios para ponerla al “servicio del colectivo nacional”, si sus propietarios por la razón que sea no logran autoabastecerse 100% sus actividades industriales y comerciales, y no aportan el excedente al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Y, como ya es común, en esa advertencia no faltó la amenaza directa a los grupos o corporaciones, en especial al Sambil y a las Empresas Polar.
No se pasea el gobernante, que muchas de estas plantas no pueden ceder su energía o incorporarla al SIN, dado que son incompatibles con el mismo, y adecuarlas a éste sería altamente costoso. Amén de que estas plantas son sumamente contaminantes y potencialmente peligrosas por el uso de combustible inflamable.
Se anuncia que se “revisará el pliego tarifario”, algo que es plausible dado que la congelación de las tarifas de electricidad desde 2002 es una de las razones que han llevado a la desinversión en el sector. Sin embargo, en vez de acompañar este ajuste con una campaña educativa que disuada el alto consumo y promueva el uso racional de la energía, se recurre a la amenaza y a la intimidación contra un sector de la población.
Lo que no se observa, otra vez, en los anuncios del Gobierno, es un plan creíble a mediano y largo plazo para el sector que resuelva los problemas y que no suma más en la miseria a la población. Un plan dirigido a mejorar la calidad de vida de los venezolanos, o que por lo menos le permita condiciones mínimas de subsistencia aunque sea un poco por encima del nivel de racionamiento que hoy se vive en su idílica Cuba.
En definitiva, la propuesta del Gobierno para solventar la crisis eléctrica, no trae consigo, objetivos claros de inversión, planificación o construcción de una eficiente red de generación, transmisión y distribución de electricidad. Esto sería lo mínimo que se debería esperar si esta administración estuviera orientada al bienestar, desarrollo y modernización del país y su población.