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La semana pasada Venezuela cerró entumeciendo aún más al Estado de Derecho y al Sistema de Justicia del país.

Primero con la insólita orden de aprehensión en contra del presidente de Globovisión , Guillermo Zuloaga y su hijo, emanada del Tribunal 13 de Control, en una nueva arremetida en contra de la libertad de expresión y el cercenamiento de las voces disidentes. Con esta orden de detención de los Zuloaga, se inscribe en el país un nuevo precedente y se hace más visible la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y en la administración de la justicia. “Curiosamente” el Presidente de la República había manifestado varios días atrás que le “alarmaba” que Zuloaga aún estuviera en libertad.

El segundo caso es el del periodista del Carabobeño, Francisco “Pancho” Pérez, sentenciado a tres años y seis meses de prisión, multado e inhabilitado política y laboralmente, acusado por “ofensa a funcionario público e injuria contra persona encargada de servicio público”. Pérez, quien denunció al alcalde chavista de Valencia, por supuesto nepotismo y corrupción, hoy es un nuevo reo por ejercer su derecho a opinar.

El Gobierno sigue golpeando su mazo dictatorial con el objetivo de sembrar el miedo y el silencio que le permitan atornillar la dictadura. Sin embargo, por más que se intente acallar la barbarie de esta revolución, ya nada puede ocultar que el régimen tiene los pies enterrados en el barro de una generalizada y profunda corrupción.

Basta una lectura rasante a los medios de comunicación para comprender la grave podredumbre que carcome a la “revolución”.

Por ejemplo, mientras el mandatario nacional, intenta darle un barniz a la colapsada PDVSA, proponiendo ponerle el remoquete de “socialista” a la estatal, siguen saliendo a la luz los oscuros manejos que llevaron al hundimiento de la plataforma Aban Peral la noche del 13 de mayo. Según denunció el ciudadano Gustavo Coronel García ante el Ministerio Público, PDVSA habría incurrido en un alto e injustificable sobreprecio en la contratación de unos $500 millones en los cinco años de duración del contrato.

Este lunes, El Nacional reseña que Bariven, filial de PDVSA encargada de la compra en el exterior de alimentos para PDVAL, confronta una demanda por cobro de sobornos por unos $2 millones en una Corte del Estado de Florida en Estados Unidos. Todo esto en momentos cuando al país no se le ha esclarecido el porqué PDVAL dejó descomponer más de 70 mil toneladas de alimentos de primera necesidad, mientras en la mesa de los venezolanos éstos brillan por su ausencia.

Los medios también hablan este lunes de la gestión corrupta del chavismo en la CVG con sus cuentas en Gazprombank; y en el Ministerio de Educación con los núcleos universitarios de la Misión Sucre que a pesar de tener asignados recursos hace más de cinco años, aún no han sido construidos.
La corrupción viene por la acción, la inacción y la omisión .

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Nota del Editor : Este comentario fue originalmente publicado por VenEconomía, el 14 06 2010. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.
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Petroleumworld Venezuela 15 06 2010
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