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Venezuela se ha convertido en un país de surrealismos y retrocesos.

Por un lado, las moscas se dan la gran vida con las toneladas de alimentos que dejó descomponer el Gobierno, PDVSA y sus filiales que importan, distribuyen y comercializan alimentos de la cesta básica. ¡Vaya pequeña muestra de un fracaso anunciado!

Por otro, los predadores de propiedades que pululan en el Gobierno se apropian indebidamente de empresas que otros venezolanos han labrado con su esfuerzo y dinero. Hoy el Gobierno tiene en su haber tierras de producción primaria que venían siendo comprobadamente productivas. También posee industrias de café, lácteos, harina de maíz, pasta, arroz, tomates y aceite, entre otros rubros, que venían abasteciendo el mercado interno cuando sus propietarios eran empresarios privados. Además de detentar la propiedad de centrales azucareros, silos, cadena de frío, distribuidoras de alimentos, mayoristas y de cadenas de comercialización que, antes de pasar a manos del Estado, estaban entre las más importantes del país. Todo esto sin contar con las redes propias, como PDVAL, Mercal y la Comercializadora de Alimentos CASA. El Gobierno no tiene excusa para no garantizar la soberanía alimentaria. Pero, lejos está de garantizarla, todo lo contrario.

Ahora, los rojitos de la Asamblea Nacional aprobaron a mano alzada este martes 15 junio, en segunda discusión, una Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que “regirá el funcionamiento de las tierras públicas y privadas con vocación agrícola”.

A pesar del demostrado fracaso, la incompetencia y corrupción en lo que respecta al suministro y abastecimiento de los productos de la dieta diaria, a la Asamblea ahora no se le ocurre otra cosa que darle al Gobierno la potestad de asumir directamente “la propiedad de toda actividad de producción primaria, industrialización, distribución, intercambio y comercialización” del agro venezolano. Esto, bajo el supuesto de “fortalecer el aparato productivo nacional”.

Otras inclusiones que preocupan es que se elimina el latifundio y la tercerización, por ser éstos, “sistemas contrarios a la justicia, el interés general y la paz en el campo”. Y al reconocer el derecho de “adjudicación de tierras” lo hace bajo el principio socialista que dicta que la “tierra es para quien la trabaja”.

También preocupa que se dictamine discrecional y de forma generalizada que las tierras privadas están sujetas a cumplir “la función social de la seguridad alimentaria de la Nación”, y para ello, deben “someter su actividad a las necesidades de producción de rubros alimentarios” de acuerdo con lo que establezca el Gobierno Nacional.

Otro artículo al cual se le debe poner atención es el que establece que el registro, transferencia, gravamen de las tierras con vocación agrícola, o sus bienhechurías, no podrán ser protocolizados, reconocidos o autenticados, sin la debida autorización del Instituto Nacional de Tierras.

Es decir, el INTI, caracterizado por su vocación de arrebatar tierras y propiedades, será el dedo discrecional que decida a quién le otorga el derecho de propiedad o adjudicación de las tierras del campo, y qué producirá éstas . Mayor descaro, imposible de imaginar.

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Nota del Editor : Este comentario fue originalmente publicado por VenEconomía, el 16 06 2010. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.
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Petroleumworld Venezuela 17 06 2010
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