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Faltan siete semanas para las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. Y por decir lo menos, el panorama electoral luce complicado. El sector democrático va, igual que en las últimas contiendas electorales, con una mano atada a la espalda.

El reto principal que se tiene por delante en esta oportunidad es sortear el escollo de competir democráticamente con un aspirante a dictador de talante cínico y desfachatado.

Paralelamente, y como consecuencia directa de lo anterior, también se tienen que superar los múltiples obstáculos que el Gobierno, con el amparo y apoyo del Consejo Nacional Electoral, ha venido edificando para impedir la participación política plural que exige todo juego democrático y para blindarse en cualquier contienda comicial futura.

La Ley Orgánica de Procesos Electorales de agosto de 2009, no sólo cambió inconstitucionalmente un sistema de elección proporcional por uno de mayorías, que elimina la representación de las minorías en los cuerpos deliberantes, sino también dio pie a que se incluyeran una serie de modificaciones que inclinan la balanza a favor del Gobierno.

Entre otros la nueva Ley permitió que se recompusieran los circuitos electorales, anexando parroquias y municipios a discreción del ente electoral, con lo cual fabricaron circunscripciones electorales con sectores proclives al chavismo, lo que le podría sumar algunos diputados adicionales a la bancada oficialista en las parlamentarias.

La Ley también convirtió el proceso de auditoría en un proceso de verificación no vinculante. Esto se traduce en que si hubiera alguna diferencia entre los resultados que arroje la máquina de votación y los que refleje la auditoría, prevalecerán los votos electrónicos de la máquina.

Adicional a ésto, el CNE realizó un proceso de selección de miembros de mesa nada transparente, a lo que se suma que las credenciales son dadas a discreción por el ente electoral. Esto tiene como resultante una composición de las mesas electorales donde los partidos de oposición están en clara desventaja.

Por tanto, es indispensable la participación masiva de testigos de mesa del sector democrático.

Otro bemol es que se le ha negado a la oposición su derecho de acceso al Registro Electoral, con lo cual resulta imposible hacer una auditoría del mismo.

Para ñapa el CNE está poniendo barreras a la observación internacional, interpretando a su conveniencia el rol de los observadores de procesos electorales. El CNE inventó la figura de “acompañante” electoral, el cual se acerca más a un turista electoral, que a un garante de la transparencia que cumpla con los rigores que se exige para que el proceso sea democrático.

Para cumplir con su rol de observador internacional cabalmente, los observadores acreditados ya deberían haber llegado al país para verificar los procesos pre-electorales. Lo que se conseguirá con estos “acompañantes”, es dar una apariencia de democracia a un proceso viciado.

Sin embargo, no es cosa de darse por vencido antes de emprender la carrera. Por el contrario, se requiere de habilidad, constancia y la participación activa de todo el sector democrático de la población para vencer los obstáculos y lograr la reinstalación del pluralismo parlamentario en Venezuela.

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Nota del Editor : Este comentario fue originalmente publicado por VenEconomía, el 05 09 2010. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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Petroleumworld Venezuela 11 08 2010