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El jueves 12 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de la Reforma Parcial de la Ley de Bancos con la finalidad de prohibirle a un propietario o accionista de cualquier medio de comunicación poseer más del 10% de las acciones de una institución bancaria.

La percepción de los analistas es que el propósito de esta reforma de Ley es el de justificar, retroactivamente, la persecución política que el Gobierno de Hugo Chávez viene ejecutando contra el propietario del Banco Federal, Nelson Merzehane, quien posee 20% de las acciones del canal de noticias crítico al régimen chavista, Globovisión.

Esta legislación legitimadora retroactiva de ilegalidades y arbitrariedades no es nada nuevo. No es la primera vez que la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, se presta a legislar para tapar post facto acciones claramente ilegales, e incluso inconstitucionales, del Ejecutivo Nacional. Los ejemplos sobran.

Recién la semana pasada, los parlamentarios rojos aprobaron en segunda discusión la Ley de Contrataciones Públicas, que permite al Ejecutivo apropiarse de los activos de cualquier contratista del Estado que haya suspendido la ejecución de una obra contratada, en el mismo momento de la suspensión de la obra, incluso si ello se debe al incumplimiento de las condiciones contractuales o a la falta de pago del ente contratante. Ya este modus operandi fue aplicado a principios de 2010 contra la contratista norteamericana, Helmerich & Paine, a la cual le “expropiaron” 11 taladros, que fueron paralizados por la empresa ante la falta de pago por parte de PDVSA. Así como también, en mayo de 2009, fueron expropiados 76 contratistas de PDVSA que operaban en el Lago de Maracaibo y que habían amenazado con detener sus actividades por falta de pago de la estatal.

Otros precedentes incluirían a) los cambios en la Ley de Depabis, luego de expropiar a la Cadena de Hipermercados Éxito, para incluir post facto el supuesto acaparamiento como motivo para la toma de una empresa; b) las múltiples reformas a la Ley de Tierras, para legitimar la toma de tierras en plena producción; y c) la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, para validar a posteriori los traspasos de reservas internacionales al Fonden.
Y pare de contar, pues estas legislaciones espurias abarcan casi todas las áreas vitales del país.

Igual de preocupante, es el orgullo mostrado por la presidenta de la Asamblea, Cilia Flores, al informar que en lo que va de año se han aprobado 27 leyes. Lo que no dice Flores es que tristemente ni una sola de estas leyes fue debatida públicamente como lo estipula la Ley y que ninguna apunta a buscar vías de solución a los graves problemas que aquejan a la población.

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Nota del Editor : Este comentario fue originalmente publicado por VenEconomía, el 13 08 2010. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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Petroleumworld Venezuela 18 08 2010