“A
confesión de parte, relevo de prueba”. Así
reza un antiguo aforismo jurídico que viene como anillo
al dedo a las declaraciones de tres funcionarios públicos
del Gobierno de Hugo Chávez, publicadas en la prensa
nacional de este viernes. Las palabras de José Vicente
Rangel (Vicepresidencia), Erika Farías (Alimentación)
y Rafael Ramírez (Energía y Petróleo
y PDVSA) señalan cual es la ruta que espera al país
de ganar Chávez la reelección el 3 de diciembre.
Más claro no canta un gallo.
Las palabras de estos tres funcionarios de alta jerarquía
revelan que el Gobierno (y quienes lo representan) no tiene
respeto a la Constitución, ni a las leyes, ni al Estado
de Derecho, y menos aún a los ciudadanos. Confirman
también que las instituciones del Estado están
descaradamente al servicio de un segmento político,
que no representa ni al 50% de la población. Además,
corroboran que el proyecto político que lideran es
dictatorial, autocrático, y “rojo, rojísimo…”
Por ejemplo, el vicepresidente de la República, José
Vicente Rangel, confirmólo que ya había anunciado
hace unos meses el ministro de Educación, Aristóbulo
Istúriz: El sistema educativo que quieren imponerle
a los venezolanos “no es neutral”. Es una educación
política y con una ideología sincronizada con
su “comunismo del Siglo XXI”.
Por su parte, la ministra del Alimentación, Erika Farías,
evidenció la intolerancia con el disenso político,
cuando afirmó que si “el enemigo” (léase
quienes no apoyan a Chávez) se atraviesa, desde el
Ministerio que comanda los va a “demoler”.
No obstante, la declaración más inaudita de
la semana fue la arenga política que el ministro de
Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael
Ramírez, dio a un grupo de funcionarios públicos
de primera y segunda línea que laboran en la estatal,
cuyo video mostraron a la opinión pública, Gerardo
Blyde, miembro del comando de campaña del candidato
unitario Manuel Rosales, y el jurista Alberto Arteaga.
La arenga de Ramírez es una apología al delito
y habría violado no sólo la Constitución,
el Código Penal, la Ley Anticorrupción vigentes,
sino también a la Convención Interamericana
de Derechos Humanos. Su desparpajo al conminar a sus subalternos
a “sacudirse de la cabeza el tema de que alguien nos
pueda sancionar”, reflejan la convicción de impunidad
que les otorga el tener al Poder Judicial y a todas las instituciones
venezolanas, bajo el control de su bando político.
¿Será
que el oficialismo está comenzando a comprender que
el éxito (legal) de su candidato está comprometido?
Las confesiones de estos funcionarios de confianza del Presidente
(y candidato) Chávez parecen que no son gratuitas,
y que más bien obedecen a una estrategia de amedrentamiento
y coacción. Pudiera, también ser una jugada
para promover la abstención e intentar desactivar la
intención de voto, especialmente, la de quienes se
oponen a un proyecto político ajeno a la idiosincrasia
del venezolano.
Del éxito o no de esta estrategia dependerá
si en Venezuela se profundiza el comunismo de Chávez
o si el país se enrumba hacia la reconstrucción
de la democracia.
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