El convenio “bandera” petrolero del Gobierno de Hugo Chávez con Cuba arrasó con el grueso de las posibilidades de darle salud y bienestar a la población venezolana, especialmente a la de menos recursos.

El 30 de octubre de 2000, el presidente Chávez firmó un convenio con Cuba para suministro de 53.000 b/d, modificado el 15 de octubre de 2004 a fin de elevar el suministro a 92.000 b/d. Este lunes Humberto Calderón Berti, ex ministro de Energía y Minas y ex presidente de PDVSA (no simultáneamente), y José Toro Hardy, ex director de PDVSA, formularon ante la opinión pública una denuncia que devela que en este convenio petrolero se habría cometido un fraude de proporciones gigantescas contra el país.

El pliego de denuncias de Calderón y Toro Hardy concentra tal cúmulo de barbaridades y atropellos, que hace que lo menos relevante sea la ilegalidad en la cual estaría montado este convenio. Y que, además, casi carezca de importancia el hecho de que el mismo nunca fue aprobado ni por el extinto Congreso Nacional, ni por la actual Asamblea Nacional, como dicta la Constitución.

Las denuncias revelan, entre otras cosas, que las ventas de petróleo a Cuba cerrarán este año en $2,2 millardos, si se parte de que se están enviando a la isla de Fidel, 103.000 b/d, y no los 92.000 b/d que se estipulan en el convenio.

Además, indicaron que de esos $2,2 millardos, 25% son pagaderos en letras no negociables del Banco Nacional de Cuba, a 15 años y al 2% de interés. Esto hace que su valor presente sea poco más que cero. El 75% restante está supuesto a que Cuba los pague con bienes y servicios, en una suerte de trueque, entre los cuales se cuentan: los “médicos”, “entrenadores” y un sin fin de “asesores”, entre ellos, el temido G2 cubano, así como las operaciones de la Misión Milagro y las medicinas provenientes de la isla y los bombillos que llegan vía Cuba desde China.

¿En qué cabeza puede caber que estos bienes y servicios puedan tener un valor real de $400 millones por trimestre? Pues en la de los cubanos y los bolivarianos.

Es más, los cubanos alegan que los bienes y servicios suministrados por ellos en el primer semestre de 2006 tenían un valor en exceso de $1,0 millardos, y solicitaron que les fuera pagado $212 millones en efectivo, pasándose por alto que esto no estaba establecido en el convenio. Con documentación en mano Calderón y Toro Hardy, informaron que el mismo presidente Chávez había ordenado tal pago, y fue realizado en efectivo con cargo al gasto social de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), mediante transferencia a “bancos europeos sin que aparezca el Gobierno de Cuba como beneficiario”. Y si esto no fuera suficiente, en octubre de 2006 los cubanos volvieron a exigir por similar concepto $127 millones adicionales, los cuales también fueron aprobados por el Ejecutivo.

En este convenio entre Fidel y Chávez, la pérdida patrimonial es el doble de los más de $2 millardos por año que Venezuela ha dejado de percibir. Especialmente, si se piensa en los beneficios que hubiesen tenido los 15 millones de venezolanos que viven en la pobreza si ese dinero se hubiese invertido para construir y mejorar los servicios de salud. Así como los empleos que se hubiesen generado para médicos, anestesistas, enfermeras, camilleros y otro sin fin de venezolanos en las áreas de salud, construcción y mantenimiento.

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Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por VenEconomía el 21 de noviembre del 2006. Petroleumworld lo reproduce en beneficio de los lectores. Petroleumworld no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por esta publicacion, por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis. Aceptamos colaboraciones previa evaluación por nuestro equipo editorial, estamos abiertos a todo tipo o corriente de opiniones, siempre y cuando a nuestro juicio esten dentro de valores éticos y morales razonables.