A dos días de su reelección, el Gobierno deja
constancia de que la profundización del proteccionismo
va en serio. En la Gaceta Oficial del martes 5 de diciembre,
salió un cuarteto de decretos que confirman el rumbo
proteccionista del socialismo del Siglo XXI.
En el primero de ellos, se fijan los precios máximos
para 45 insumos de la construcción, en su mayoría
a niveles muy por debajo de los precios actuales del mercado.
Este nuevo control de precios restringirá aún
más la oferta, y paradójicamente perjudicará
precisamente a la industria que pretende proteger.
Con el segundo, el Gobierno reservará para las pequeñas
y medianas industrias, cooperativas y otras formas asociativas,
las compras de 147 insumos sujetos a un contenido de valor agregado
nacional mínimo, que varía según el producto
entre 25% y 85%. Lo curioso es que la larga lista contiene insumos
que no se asocian con producción artesanal ni de pymis,
entre ellos, las cabillas de acero. Esta medida encarecerá
las contrataciones con el Estado, y perjudicará a los
fabricantes tradicionales de estos productos, cuyo único
pecado es ser grandes y eficientes. Además, puede generar
una nueva fuente de corruptelas en el cálculo del Valor
Agregado Nacional.
El tercer decreto presenta una lista con más de 3.500
ítems utilizados en los procesos industriales y agrícolas,
materias primas e insumos, no producidos en el país,
los cuales no tendrán que presentar el “Certificado
de No Producción Nacional” como requisito para
obtener dólares de Cadivi. Para el resto de más
de 5.500 ítems, es obligatorio presentar el “Certificado
de No Producción Nacional” otorgado por el Ministerio
de Industrias Ligeras y Comercio, para importarlos con dólar
oficial. Con esto se encarecerán las importaciones y
se abren las puertas a la corrupción para la obtención
de los certificados de no producción nacional.
El cuarto decreto contiene una lista de más de 215 códigos
arancelarios considerados “de lujo” a los cuales
se les ha impuesto una sobretasa arancelaria de 15%, que van
desde licores y velas hasta máquinas de afeitar. Esto
es adicional otras listas publicadas con anterioridad, en las
cuales se incluyeron: calzados, prendas de vestir y textiles
que se han venido sometiendo a sobretasas y precios de referencias
para su importación, con lo cual muchos de esos ítems
terminan pagando el 50% de su valor CIF. Éstas son medidas
que terminan por perjudicar al consumidor, al tener éste
que pagar más por estos productos.
En resumen, tomados en su conjunto, estos decretos incrementan
la intervención del Gobierno en la economía, aumentan
la discrecionalidad burocrática, abren un semillero para
la corrupción y, finalmente, promueven la escasez y la
inflación en perjuicio de la producción nacional
y el consumidor venezolano.
A esto habría que agregarle, que pareciera que el Gobierno
se está percatando de que el tren de importaciones actual
no es sostenible en el tiempo. Pero, lamentablemente, en vez
de aplicar medidas sensatas, estimular el crecimiento y la productividad,
está promoviendo el estancamiento del país con
medidas que incrementan la inflación, y no incentivan
la inversión.
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