El
artículo 115 de la Constitución vigente establece
que “Sólo por causa de utilidad pública o interés
social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización,
podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase
de bienes”.
Durante
toda la última década, el régimen ha
actuado a lo Juan Charrasqueado: invadiendo, ocupando, tomando y
destruyendo todo tipo de activos y propiedades que cumplen su función
social, tanto en el campo como en las ciudades: edificios, inmuebles,
fábricas, facilidades de transporte y almacenamiento, plantas
y equipos de televisión, sin sentencia judicial firme o acuerdo,
ni de pago oportuno de justa indemnización. La mayoría
de los afectados no tienen los recursos y la paciencia para comenzar
acciones contra un régimen forajido que viola la Constitución,
con un sistema judicial no confiable y sometido, sin independencia
ni autonomía. Algunos han aceptado, como mal menor, el llamado
método “Chaz”, mediante el cual, el régimen
unilateralmente le fija un precio irrisorio como compensación
y los pone contra la pared: “Lo tomas o lo dejas”, y
aún así, se tarda en cancelar, si es que la cancela,
una indemnización irrisoria. Lo más triste es que todos
esos bienes confiscados, hoy están abandonados, no producen
todos juntos ni para un desayuno de pobre, y solo dan pérdidas.
Esta “Economía del Me Da la Gana”, ha querido
violar los contratos legítimamente suscritos con empresas
multinacionales, los cuales establecen claras reglas para la solución
de controversias, incluido el constitucional arbitraje internacional.
Los últimos reparos petroleros, fueron violatorios de la Constitución,
las leyes y los Convenios, que claramente establecían para
cierto tipo de asociaciones, una tasa impositiva corporativa y no
la petrolera. Luego vino la “transformación” a
lo macho, en empresas mixtas. Respeto la decisión de quienes
decidieron aceptar las condiciones unilaterales impuestas por el
régimen. Pero respeto igualmente, la decisión de quienes
se negaron a aceptarlas, por ser violatorias de los contratos válidos
y vigentes que tenían suscritos.
Las
instalaciones fueron tomadas en actos de dudosa o ninguna legalidad,
confiscaciones
de hecho,
acompañadas de inútiles amenazas
verbales, groserías y malacrianzas. Dos lochas no iban a aceptar
quienes habían invertido miles de millones de dólares
en crear nuevas empresas, a todo riesgo. Es constitucional, lícito
y ético, el llevar la disputa a las instancias de arbitraje
internacional previstas en el respectivo contrato, tales como el órgano
ante el cual se presentarán las reglas y la legislación
aplicable. Es totalmente ético el firmar affidávits,
sobre hechos que le consten a quienes firmen dichas declaraciones
juradas, servir de testigos, o cualquier otra actuación lícita.
La otra parte, podrá tacharlas, si resulta que los firmantes
o testigos, han falseado en juicio las realidades. El actual régimen
ha aceptado el arbitraje internacional, en múltiples convenios
válidos y vigentes, entre otros, los suscritos con el Estado
Forajido de Irán.
Quienes
han destruido a PDVSA, a sus yacimientos, a su potencial de producción, destituyendo a más de 20.000 meritócratas,
transformándola en un ente inauditable en sus ventas, compras
y operaciones, aumentando sus costos, nómina y deuda exponencialmente,
quienes regalan el petróleo al exterior y financian múltiples
tareas que nada tienen que ver con su función, tales como
Petróleo por Alimentos, similar al impuesto por la ONU a Saddam
Hussein, representan a la Anti-Patria. Un simple consejo no solicitado:
A la mayor brevedad posible, paguen de inmediato a todos a quienes
les han tomado sus propiedades, sean nacionales o extranjeros, una
indemnización justa. Sólo así cumpliremos la
Constitución y dejaremos de ser un Régimen Forajido
y Malandro. “ Pacta sunt Servanda “. Los Contratos, deben
ser cumplidos.