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Fitch : Gobierno incumpliría contratos por $ cuatro mil millones si toma proyectos de la Faja
Manuel Hernández
La Verdad
CARACAS
Petroleumworld.com.ve 31 01 07El Gobierno incumplirá contratos de financiamiento de unos cuatro mil millones de dólares si toma el control de los proyectos de mejoramiento de crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco de forma unilateral.
Gersan Zurita, analista de la firma calificadora Fitch, declaró a Reuters que los financiamientos incluyen restricciones sobre el cambio de dueños, y ''cualquier transferencia de propiedad de los socios, incluyendo a PDVSA u otro, debería ser hecha de acuerdo con el llamado convenio de restricción de transferencia. Si esto se hace en violación con el convenio sería un incumplimiento del acuerdo de financiamiento''.
Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, aseguró recientemente que el Gobierno había finalizado las negociaciones para acordar la conversión a empresas mixtas de las transnacionales que trabajan en la zona -Exxon Mobil, British Petroleum, Total, Statoil y Chevrón-, luego que el presidente Hugo Chávez Frías manifestara su deseo de lograr la mayoría accionaria.
Funcionarios de la petrolera advirtieron que el Gobierno tendrá que pagar ''cientos de millones de dólares'' en multas si intenta tomar los proyectos sin consentimiento de sus acreedores.
Exxon Mobil declaró el pasado lunes que está en negociaciones con el Ministerio de Energía y Petróleo (Menpet) para acordar la conversión a empresa mixta de Cerro Negro, el mejorador de crudo pesado que opera junto a la transnacional británica British Petroleum (BP).
Buscan trabajo
Los obreros de la Faja Petrolífera del Orinoco que amenazaron con tomar las instalaciones de los proyectos de mejoramiento de crudo allí desarrollados, buscan ser incluidos en la contratación colectiva de los obreros de PDVSA.
Así lo aseguró Will Rangel, presidente de Sinutrapetrol, en conversación con este rotativo y explicó que esperan que se haga un ajuste a la convención para mantener sus ingresos.
El pasado lunes los trabajadores de las mejoradoras de crudo pesado (Cerro Negro, Sincor, Petrozuata y Amerivén) hicieron una asamblea y acordaron estar ''en alerta máxima y tomar el control de las operaciones y la gestión'' de Cerro Negro -operado por Exxon Mobil junto a BP-.
Aseguran que la compañía retrasa su contratación colectiva y se niega a renegociar las condiciones contractuales y que la toma de la empresa sería ''para ponerla verdaderamente al servicio del proceso revolucionario''.
Proceso perjudicial
El presidente del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros (Sinutrapetrol) manifestó que la nacionalización de las operaciones de la Faja del Orinoco -Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro- sería perjudicial para los empleados, pues verían una merma en sus ingresos en caso de que no se haga una ''revisión de contratos''.
El personal de la zona tiene un sueldo de entre 4,5 y 7 millones de bolívares y con la estatización ganarían entre 1,5 y 3 millones, como los obreros del resto de las áreas operacionales de PDVSA.
Rangel explicó que la discusión de la convención colectiva de los técnicos de la Faja ''va bastante adelantada'' e incluye beneficios de vivienda y de pagos que son superiores a los de los obreros del resto de las áreas que cubre Petróleos de Venezuela (PDVSA).
''Además ellos ejecutan labores de operadores y no de obreros y la estatal no puede tener dos tipos de contratos. Es por esto que solicitan que se haga una revisión a los contratos porque si no habrá un problema jurídico grande''.
Declaró que es ''poco probable'' que los trabajadores -dos mil 500 aproximadamente- que aseguraron que tomarían el control del consorcio Cerro Negro ejecuten la medida, pues ''no tiene sentido una toma de una empresa que va a ser nacionalizada una vez que el presidente Chávez tenga los poderes de la ley Habilitante''.
Esperan pago justo
Sean McCormack, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, declaró ayer que espera que el Ejecutivo dé compensaciones ''justas'' para las empresas extranjeras que puedan ser afectadas luego de ejecutado el proceso de nacionalizaciones.
El funcionario aseguró además que este tipo de acciones ''no brinda realmente beneficios económicos positivos''
La Verdad 31 01 07
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