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Por E Briceno/Ana Pozzolungo
El Tiempo
PUERTO LA CRUZ
Petroleumworld.com.ve 14 05 07

El ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, Pedro Carreño, anunció el desmantelamiento de una "red interna de corrupción" que funcionaba en las instalaciones del Complejo José Antonio Anzoátegui, ubicado en el estado Anzoátegui.

Confirmó la detención del ingeniero Alejandro Hernández Galindo, gerente de Proyectos del Departamento Técnico de Pequiven, por estar presuntamente involucrado en hechos de corrupción, tras haber extorsionado a uno de los contratistas que trabajan en las obras que ejecuta la petroquímica en la región oriental del país.

Junto a Hernández fue apresada otra persona, cuya identidad no fue revelada por el ministro y de la que sólo dijo que estaba siendo interrogada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la entidad.

El procedimiento se hizo en respuesta a una denuncia que introdujo el presidente de Pequiven, Saúl Ameliach.

Cómo fue

Fuentes policiales y del Ministerio Público señalaron que en horas del mediodía del pasado jueves, detectives del Cicpc de Puerto La Cruz detuvieron al ingeniero Alejandro Hernández Galindo, de 45 años de edad, en el momento en que supuestamente extorsionaba a un contratista de Pequiven. La captura se produjo dentro de las instalaciones de esa empresa.

También los funcionarios arrestaron a las 2:00 de la tarde del mismo día a Engelber José Castillo, de 32 años, presunto intermediario entre el gerente y el empresario, cuando salía de una entidad bancaria ubicada en el Centro Comercial La Cascada, en el municipio Urbaneja.

Castillo iba acompañado por José Rafael Gianni Sifontes, dueño de la contratista, a quien al parecer, le exigían dinero para otorgarle los contratos de la petroquímica.

Los policías le decomisaron a Castillo un cheque por la cantidad de 180 millones de bolívares, que aparentemente depositaría en una cuenta personal, pero no se supo a quién pertenece.

A la fiscal V, Nelly Meneses Ortiz, con competencia en materia de salvaguarda, le correspondió conocer la causa.

Meneses solicitó para los detenidos la medida privativa de libertad por el delito de concusión, contemplado en la Ley Contra la Corrupción.

Según la norma jurídica, todo funcionario público que, abusando de sus funciones, induzca a alguien a que dé o prometa, para sí mismo o para otro, una suma de dinero o cualquier otra ganancia indebida, será penado con prisión de dos a seis años.

Sobre este caso, el titular de Interior y Justicia aseveró que la corrupción es incompatible con el socialismo e hizo hincapié en que en todas las instituciones del Estado "serán implacables en la lucha contra el delito".

"En la revolución bolivariana estamos comprometidos con el adecentamiento de la función pública".

Pedro Carreño precisó que establecerán medidas preventivas -aunque no dio detalles de éstas- a fin de que "no venga un fiscal o juez inescrupuloso a darle la libertad (a Alejandro Hernández)".

Saúl Ameliach no descartó que otras personas estén involucradas en estos hechos de extorsión.

Derechos

Por no tener abogados de confianza, los ingenieros Alejandro Hernández y Engelber Castillo se acogieron al lapso de 12 horas como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Por ese motivo, será hoy cuando la juez III de Control, Bolivia Álvarez, decida -luego de escuchar sus testimonios- si los deja privados de libertad o les da una medida cautelar sustitutiva.

El Tiempo 12 05 07