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El juez de Control Nº 1, Salim About, dictó medida privativa de libertad al gerente de Proyectos del Departamento Técnico de Pequiven, Alejandro Hernández Galindo y a Engelber José Castillo, ambos imputados por el presunto delito de concusión.

La decisión se produjo ayer en la audiencia de presentación. Los imputados fueron trasladados a la Comandancia de la Policía del municipio Simón Bolívar, donde quedarán recluidos hasta que la fiscal V, Nelly Meneses Ortiz, presente los actos conclusivos de la investigación.

Como se recordará, Hernández Galindo fue detenido el jueves pasado por detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el momento en que, supuestamente, exigía el pago de comisión a un contratista de Pequiven.

Fuentes policiales y del Ministerio Público informaron que además del ejecutivo de 45 años, también fue capturado Engelber José Castillo, presunto intermediario entre el gerente y el empresario, cuando salía de una entidad bancaria en Lechería.

En este procedimiento, a Castillo le fue decomisado un cheque por la cantidad de 180 millones de bolívares, que presuntamente serían depositados en una cuenta personal.

Según la Ley Contra la Corrupción, todo funcionario público que, abusando de sus funciones, induzca a alguien a que dé o prometa, para sí mismo o para otro, una suma de dinero, será penado con prisión de dos a seis años.

A partir de hoy comienzan a correr los 30 días que establece la ley, para que la fiscal Meneses presente la acusación o no, de acuerdo con los resultados que arroje la investigación.

José Daniel Contreras actúa como abogado de Engelber Castillo. En nombre de su defendido dijo que confiaba en el estado de derecho e invocó a la Constitución para que no se haga política en este caso.

Contreras considera preocupante que un alto funcionario del Gobierno nacional, quien debe garantizar el estado de derecho, horas antes de la audiencia anunció a través de los medios de comunicación, que tomaría medidas para que los tribunales de Anzoátegui no otorgaran medidas cautelares.

Indicó que la defensa de Castillo apelará la decisión del tribunal.

Reacciones
El gobernador del estado Anzoátegui, Tarek William Saab, aseguró que apoyará la investigación en torno al presunto delito de concusión perpetrado en Pequiven.

El diputado ante la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Energía y Minas, Ángel Rodríguez, resaltó que deben investigar si realmente existe una mafia estructurada dentro de Pequiven, que promueva los sobornos y chantajes a las contratistas que laboran con esta petrolera.

El gobernador del estado Miranda, Diosdado Cabello, quien se encontraba de gira en Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de Venezuela, opinó que "la corrupción es un acto que amenaza con convertirse en uno de los puntos débiles de la revolución. No estamos en un punto crítico, pero este tipo de actuaciones puede entorpecer el desarrollo del proceso bolivariano".

Otros casos
Raúl Párica, directivo de Sinutrapetrol, aseguró que el caso del gerente de Pequiven, Alejandro Hernández, no es un hecho aislado dentro de la industria petrolera.

Advirtió que existen muchos otros de presunta corrupción que no han sido divulgados. “Aspiramos que también se investiguen contrataciones con cooperativas”.

Franklin Marín, secretario general de Fedepetrol en Monagas, señaló que en San Tomé han sido despedidos ocho gerentes de Distrito y 30 gerentes por problemas administrativos.

Edudis Girot, directivo de Fedepetrol, dijo que aún quedan pendiente otras denuncias que involucran a las asociaciones estratégicas.

El Tiempo 13 05 07