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Diputados opositores de Nicaragua propusieron el lunes ejercer control sobre los ingresos que genere al país un convenio petrolero con Venezuela en el contexto de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), a lo que se opone el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Diputados del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) presentaron una iniciativa de ley para regular los fondos que se generen con del acuerdo estimado en unos 320 millones de dólares anuales, equivalentes al 50% de la factura por compras de combustible que serían cedidos como un crédito blando a 25 años plazo y 1% de interés.

El gobierno se opone a enviar al parlamento la ratificación del convenio petrolero con Venezuela porque alega que el mismo será administrado por la empresa Petróleos de Nicaragua (Petronic), ente autónomo que no necesita aval del poder legislativo.

Según la iniciativa del MRS, el acuerdo petrolero debe ser ratificado por el parlamento toda vez que significa un endeudamiento para el país que en los cinco años del actual gobierno superaría los 1.500 millones de dólares.

Los fondos que se generen deben ser incluidos en el presupuesto para "un uso correcto" exigió la agrupación, al anunciar el proyecto a la prensa.

"Si el dinero no se usa correctamente se desperdicia, si no se vigila se pierde, se lo roban, y eso no es porque esté este gobierno o esté otro; el dinero se pierde cualquiera que sea el gobierno si no hay control, si no hay supervisión", manifestó el diputado Víctor Hugo Tinoco.

"No encontramos ninguna razón para afirmaciones reiteradas (del gobierno) de que se trata de una transacción privada" a través de Petronic, manifestó el también diputado del MRS, Enrique Sáenz.

MRS propone que los fondos se utilicen en educación y salud, reforestación, conservación de fuentes de agua, seguridad social y legalización de propiedades urbanas y rurales.

Mediante el acuerdo, Venezuela aumentó el suministro de 10.000 a 27.000 barriles de petróleo diarios a Nicaragua, de los que el 50% deberá ser cancelado en 90 días, y el resto financiado, según dijo el presidente Daniel Ortega la semana pasada.

Dicho convenio permitiría a su gobierno crear un fondo de unos 300 millones de dólares en el año para impulsar programas sociales que planea su administración.

El ALBA fue creado hace poco más de dos años por Venezuela y Cuba como alternativa al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que promovía Estados Unidos, y en él participan Bolivia y Nicaragua, mientras que Ecuador evalúa su posible adhesión.

AFP 14 05 07