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Venezuela: En duda aplicabilidad de ley ideada por Energía y Petróleo

Por Marianna Parraga
El Universal
CARACAS
Petroleumworld.com.ve 31 08 07

La transferencia al Estado de los activos, derechos, intereses, acciones y participaciones de las petroleras privadas que ordena el artículo 2 de la Ley Sobre los Efectos de la Migración a Empresas Mixtas, presentada el miércoles por el Ministerio de Energía y Petróleo, genera dudas sobre su aplicabilidad.

Juristas consultados respecto a las implicaciones que tendría esta normativa, que prevé ser discutida por el Parlamento en los próximos días, explicaron que sus disposiciones violan los principios de irretroactividad e inviolabilidad de los derechos adquiridos que están consagrados en el derecho venezolano.

En líneas generales, el proyecto de normativa va en contra de lo que establecen los contratos que firmaron las empresas privadas con Pdvsa cuando fueron constituidas las asociaciones estratégicas de la Faja del Orinoco y los convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas que hoy están proceso de conversión a empresas mixtas con mayoría estatal.

Aparte de declarar extintos estos negocios, que son el último de los eslabones de la apertura petrolera que queda en pie, la normativa propuesta por el Ejecutivo establece que los intereses, acciones y participaciones -incluyendo derechos- de las compañías privadas que no hayan alcanzado acuerdos para convertir sus negocios en empresas mixtas quedarán transferidos automáticamente a firmas bajo control del Estado.

El empujón

Para poder hacer efectiva esa transferencia se requiere, según la ley actual, transitar un proceso expropiatorio que debe iniciarse con la declaratoria de utilidad pública por parte del Estado y no puede obviar, bajo ninguna circunstancia, la compensación a las partes afectadas, puesto que en este caso no aplica la figura de la confiscación.

El artículo 2 de la Ley Sobre los Efectos de la Migración a Empresas Mixtas no prevé en ninguna parte pago alguno a las compañías afectadas por la medida, aun cuando en el discurso de las autoridades del Menpet nunca se ha negado que esté previsto culminar satisfactoriamente las negociaciones con las petroleras que salieron de la Faja del Orinoco y del Golfo de Paria, a los efectos de cancelarles los montos correspondientes al valor en libros de sus activos.

Debido a que se cuestiona su aplicabilidad, los abogados consultados coincidieron en señalar que la presentación de esta normativa no es más que una forma de presionar a los privados que están inmersos en el proceso de migración a empresas mixtas, especialmente a los que no accedieron a culminar la transición y que ahora negocian compensaciones con Pdvsa.

Esta misma táctica la aplicó el Menpet el año pasado durante la transformación en empresas mixtas de los convenios operativos que había celebrado Pdvsa en los años 90. En ese momento, y con el apoyo de algunos parlamentarios, el ministerio introdujo la Ley de Regularización de la Participación Privada en las Actividades Primarias que, aunque declaró ilegales y extintos estos negocios, no incluyó la transferencia de los activos privados al Estado.

En ninguno de los casos estas normativas han estado sujetas a una amplia discusión que ponga en contexto su correlación con la normativa vigente, particularmente con los tratados de protección de inversiones que están vigentes. La Ley de Regularización se aprobó en tiempo récord el año pasado en la plenaria de la Asamblea Nacional y tras la intervención de un puñado de diputados.

Es previsible que, en medio de la discusión de la reforma constitucional, en esta oportunidad tampoco haya espacio para divulgar el contenido de una ley que para muchos pudiera ser equiparable a la Ley de Reversión (1971) que anticipó a la nacionalización de los hidrocarburos en 1976. En esa época, no obstante, y con extensos juicios de por medio, el Estado debió desembolsar compensaciones a las empresas petroleras privadas cuyos negocios pasaron a sus manos para constituir Pdvsa.

mparraga@eluniversal.com

El Universal 31 08 07