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La mexicana Cemex, la tercera cementera del mundo por su capacidad de producción, está abierta a discutir una salida negociada a la expropiación de sus plantas por parte del Gobierno venezolano al margen del proceso legal que ha entablado en lo tribunales internacionales, informó hoy la empresa.

"Iniciamos un proceso de arbitraje en una corte internacional, sin embargo, mantenemos nuestra actitud ante el Gobierno para negociar fuera del proceso de arbitraje", dijo en conferencia de prensa Héctor Medina, vicepresidente ejecutivo de Finanzas de la firma en Monterrey (norte de México).

En diciembre de 2008, Cemex presentó una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, litigio que puede durar varios años.

Cemex, la mayor cementera en Venezuela, exige un pago por alrededor de 1.300 millones de dólares de compensación por los activos nacionalizados por el presidente Hugo Chávez, mediante un decreto promulgado a mediados del año pasado, que afectó también a otras dos firmas extranjeras.

La demanda de la empresa es considerada muy alta por el Gobierno venezolano, que solo ofreció 650 millones de dólares.

"Cualquier iniciativa (para alcanzar una solución) está en el lado del Gobierno de Venezuela", subrayó Medina.

Respecto a la recuperación de la compañía, que ayer anunció una caída del 71% de su beneficio neto en los primeros nueve meses del año respecto al mismo periodo de 2008, Medina previó un repunte de sus ventas en EE.UU., su principal mercado, hacia mediados de 2010, gracias al programa oficial de estímulo fiscal a la infraestructura.

"Con respecto al plan de estímulo fiscal de Estados Unidos, sin duda éste ya está en proceso, hay 85 millones de dólares en ese plan orientados a la construcción e infraestructura que están en contratos asignados", precisó el vicepresidente de Cemex.

"Pero aún no se concreta", lamentó, aunque se mostró esperanzado en que lo haga "en la primera parte de 2010", concluyó Medina.

Cemex, fundada en México en 1906, controla el 52 por ciento de la producción de Venezuela, ofrece empleos a más de tres mil personas y sus ventas en ese país representan alrededor del tres por ciento de sus ventas globales.

En julio pasado, el Gobierno de Chávez anunció la toma de posesión formal de las cementeras Holcim (Suiza) y Lafarge (Francia), las otras dos compañías extranjeras afectadas por la nacionalización del sector, tras haber ordenado pagos por un 40 por ciento de las acciones de cada una de ellas.